¿Por qué no a la Ley Bañuelos?
¿Por qué fue tan polémica y rechazada la propuesta de Ley General de Salud Mental? Porque llegó sin una amplia consulta, sin los consensos necesarios y porque no fueron tomadas en cuenta las opiniones de organizaciones especializadas en derechos humanos y sectores involucrados.
El Senado tenía previsto discutir en la sesión extraordinaria de este miércoles, el dictamen de Ley General de Salud Mental, conocida como Ley Bañuelos por su promovente, la senadora Geovanna Bañuelos; pero esta propuesta llegó con el rechazo de más de 30 organizaciones y colectivos defensores de los derechos humanos, especialistas en temas de justicia, salud y discapacidad.
La propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pidió lunes al Poder Legislativo modificar el dictamen, porque el que se pretendía presentar al pleno vulnera diversos artículos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
“Esta Comisión nacional rechaza enérgicamente que la Ley General de Salud
Mental justifique la privación de la libertad por motivos de discapacidad e insta al Estado mexicano a utilizar el máximo de sus recursos disponibles para garantizar el pleno respeto de los derechos de las personas con discapacidad psicosocial a través de la generación de políticas públicas, administrativas y legislativas”, señaló en el comunicado de prensa.
El Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas envió también una carta al Senado en la que alertó que el internamiento involuntario –que la propuesta de ley avala– es contrario a los compromisos internacionales a los que México se ha adherido.
Human Rights Watch alertó que los internamientos por tiempo indefinido –que propone la Ley Bañuelos—podría ser un acto de detención arbitraria.
Ante el rechazo que se hizo público en medios de comunicación tradicionales y en redes sociales, el senador Ricardo Monreal decidió el martes retirar la Ley de Salud Mental de la agenda de la sesión extraordinaria del Senado, a fin de someterla a un Parlamento Abierto e incluir en su contenido las observaciones que expertos nacionales e internacionales han hecho desde la semana pasada, y que el periódico Excélsior reveló el lunes en una nota periodística de Leticia Robles de la Rosa.
Monreal Ávila sostuvo una reunión con Geovanna Bañuelos, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, quien a pesar de que fue insistentemente buscada por los interesados, jamás accedió a escucharlos directamente y mandó a sus asesores.
Pero, ¿por qué no?
De acuerdo a diversas organizaciones como Documenta y Orgullo Loco México estás son las aristas:
- Legaliza internamientos involuntarios.
- Permite tratamientos forzosos incluso para niñas niños y adolescentes. Contempla incluso el internarlos y que el Estado se haga cargo de ellos, quitándoles su derecho a crecer en una familia.
- Ve a las personas con padecimientos mentales como enfermos dependientes no como sujetos de derechos.
- No reconoce la capacidad jurídica de personas con discapacidad.
- Justifica internamientos de personas por considerar las peligrosas.
La propuesta de ley “reproduce una visión biomédica que invisibiliza y aísla a las personas usuarias al verlas como objetos de tratamiento y no como sujetos de derechos” y “pone en entredicho derechos como el derecho a la autonomía, al consentimiento informado, a la capacidad jurídica y a la libertad personal”, apunta el comunicado de las organizaciones.
Se ha subrayado también que la iniciativa podría legalizar los tratamientos forzosos, considerados como tortura por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Además de que continúa avalando los internamientos involuntarios en hospitales psiquiátricos, y usa un lenguaje discriminatorio que reproduce estigmas equivocados sobre la salud mental.
Ilse Gutiérrez, integrante de los grupos civiles SinColectivo y Orgullo Loco México, alertó que entre los puntos más preocupantes de la iniciativa está el hecho de que permite la internación de una persona cuando un siquiatra considere que ello es necesario –incluso en contra de su voluntad–, y promueve la canalización de menores de edad al sistema de hospitales siquiátricos, en vez de buscar otras alternativas de tratamiento para ellos.
De igual forma, establece que la única persona que puede determinar el alta de un paciente es el siquiatra a cargo, quien incluso puede ordenar la realización de cirugías u otros tratamientos que pueden resultar irreversibles, sin dejarle ningún margen de intervención u opinión a las personas internadas.
Para Documenta: “surgen todas las percepciones que colocan a las personas con discapacidad como seres inferiores, incapaces y potencialmente peligrosos. Para ellas, hay que buscar que tengan tratamiento, quieran o no. Es todo ese discurso que justifica este modelo de atención a la salud mental y la criminalización de la locura”.
