Es claro, porque las niñas y niños mexicanos tienen derechos que deben ser garantizados por el Estado mexicano, como el acceso a una estancia infantil o a un centro que le permita al infante un desarrollo físico, emocional y motriz sano, que favorezca la socialización y el aprendizaje temprano, donde se sienta seguro y adecuadamente alimentado mientras su madre trabaja.
La decisión del gobierno federal y de los legisladores (porque el Presupuesto de Egresos lo analiza, discute y aprueba la Cámara de Diputados) de recortar más de dos mil millones de pesos al Programa de Estancias Infantiles generó protestas de madres trabajadoras en varias partes del país, porque implica el cierre de los lugares donde se quedan sus hijos mientras ellas cumplen con su jornada laboral. Estamos hablando demás de 400 mil niñas y niños.
Usted ya ha escuchado la decisión del gobierno federal: no hay marcha atrás, el recorte se aplica y a las madres se les dará una ayuda directa de 1,600 pesos bimestrales. Ellas podrán decidir si le dan el dinero a la abuela (si la hay) para que cuide a los nietos o dárselo de manera directa a las estancias; pero en estas dos alternativas el Estado olvida su obligación de velar por el bienestar, salud, educación y seguridad del menor.
Por ejemplo, si la madre decide entregarle el recurso económico a la estancia para que pueda dejar ahí a su hijo porque no existe la abuela, o también trabaja o no está en condiciones de cuidar al nieto o simplemente no quiere, ¿qué autoridad del Estado mexicano emitirá y vigilará las reglas de operación de las estancias?, ¿quién certificará la calidez y calidad en el servicio?, ¿quién será el responsable de que esos lugares cumplan con los ordenamientos en materia de protección civil?, ¿quién supervisará la calidad de los alimentos?, ¿quién será el responsable de verificar que se cumplan con los planes de estimulación temprana?
Si se opta por dejarlos con la abuela, ese infante pierde el derecho a la interacción y socialización con sus pares y tampoco accede a la educación inicial. Se le quita la
responsabilidad al Estado.
El argumento del gobierno mexicano de desaparecer el programa de Estancias Infantiles es combatir la corrupción, porque había intermediarios que se quedaban con los recursos e inflaron padrones. Y no lo dudo, pero tampoco creo que hayan sido todas. Algunas de ellas tienen un enfoque comunitario que fortalece el tejido social y cuyas metodologías han sido reconocidas por organismos internacionales.
Combatir la corrupción, ¡claro! Que no haya ordeñadores del presupuesto público, ¡de acuerdo, hay que eliminarlos! Que el beneficiario realmente sea el niño y la madre que lo necesita, ¡por supuesto! Hay consenso en eso, pero mientras tanto, no se puede dejar en la calle ni con las abuelas a 400 mil niños. Entregar de manera directa el dinero no resuelve el problema ni exime al Estado de su obligación de cumplir con el artículo 4º de la Constitución:
“… En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.
“Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez…”
Ahí está el mandato constitucional. Es claro.
